Por  Julio Mariño.

Más de un centenar de teléfonos en Chivilcoy estarían siendo objeto de escuchas "legales".

Todos los números intervenidos estarían relacionados, de una forma u otra, con causas judiciales actualmente en proceso de investigación ordenados por diferentes Fiscalías y Juzgados.

Las escuchas en nuestra ciudad se estarían llevando a cabo desde un edificio ubicado en la zona céntrica, a no más de doscientos metros de la plaza 25 de Mayo.

En la tarea trabajan varios "agentes" utilizando dispositivos tecnológicos de última generación, que permiten una intercepción óptima de las comunicaciones para su posterior procesamiento.

En el edificio en el cual están operando, el equipo de escuchas ocupa todo un piso, lo cual da una magnitud del trabajo que realizan.

ESCUCHAS JUDICIALES

Precisamente, sobre el tema de las escuchas telefónicas la organización "Iniciativa Justicia" acaba de solicitar al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz, que ordene la intervención de la oficina de Escuchas Judiciales y que pida una auditoría integral en ese área.

"Iniciativa Justicia" es una organización integrada, entre otros, por Carlos Beraldi (abogado de Cristina Fernández de Kirchner), Maximilano Rusconi (a cargo de la defensa de Julio De Vido), Graciana Peñafort (defensora de Héctor Timerman y ex letrada de CFK) y Daniel Llermanos (representante legal de Hugo Moyano).

Forma parte del grupo Martín Arias Duval, del estudio Arslanian y Asociados, fundado por León Arslanián, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Felipe Solá.

Los letrados que hicieron la presentación se refirieron a la situación en la que  supuestamente está la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), de la cual dependen las escuchas.

Señalaron que, a partir de su presunto mal funcionamiento, han surgido "severos cuestionamientos" que derivaron en denuncias judiciales y en planteos al Congreso de la Nación.

Los abogados también solicitaron que se pida a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que proponga la designación de tres interventores "con conocimientos técnicos y solvencia ética y profesional en la materia" y que se dejen sin efecto convenios que la DAJUDECO pudiera haber firmado con otros organismos del Estado.

"Iniciativa Justicia" aseguró que la intervención es fundamental para "garantizar los estándares de imparcialidad y transparencia institucional". Asimismo, destacaron que se deben considerar estas exigencias, en particular, "teniendo en cuenta el proceso electoral que se habrá de desarrollar en nuestro país el año que viene, el cual exige extremar todos los recaudos para evitar que se lleven a cabo maniobras que puedan enturbiarlo".