La Agencia de Extensión Rural Chivilcoy del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicada en Carlos Ortíz 46, corre inminente riesgo de ser cerrada.
El Consejo Directivo del INTA avanzó en un inédito ajuste de estructuras del organismo, determinando que dejen de existir 25 Agencias de Extensión Rural en el país, entre las cuales estaría la que funciona en Chivilcoy.
Ante esta medida, desde el gremio APINTA, que contiene a la mayoría de trabajadores y trabajadoras del INTA, se organiza una masiva movilización para este lunes 8 de abril, frente a la sede central de la institución en la ciudad de Buenos Aires (Avda Rivadavia 1423).
La estimación que manejan las autoridades sindicales es que será una jornada histórica para el gremio, ya que las autoridades políticas determinan más ajuste, pero no dicen una palabra sobre el decaído salario de los trabajadores.
Decisión aprobada
La decisión se concreta en un momento de profunda recesión para el país, y especialmente en un organismo como el INTA, que atraviesa un desfinanciamiento prolongado con todos los proyectos de investigación y desarrollo paralizados por la quita presupuestaria que fuera aprobada por el Congreso de la Nación.
En el primer trimestre del año, el gobierno nacional se quedó con más de $120 millones que no llegaron al INTA, pero esto parece no preocuparle al Consejo Directivo que preside Juan Balbín.
Los que levantaron la mano para cerrar Agencias de Extensión fueron el presidente Juan Balbín y su vice Mariano Bosch (AACREA), Carlos Alberto Antonio Vera (Ministerio de Agroindustria), Gustavo Daniel Fernández (Facultades de Agronomía de Universidades Nacionales), Humberto Luis José Occhi (Facultades de Ciencias Veterinarias de Universidades Nacionales), Alejandro Conci (AACREA), Néstor Laucirica (CONINAGRO), Sergio Melgarejo (CRA) y Carlos Vila Moret (Sociedad Rural Argentina).
Ante esta composición, es evidente la ausencia de representantes que defiendan a la agricultura familiar, y en esa dirección avanzan los recortes impulsados por notables consejeros, que además cobran más de $ 120.000 mensuales, más gastos de traslados y viáticos, algo que está muy lejos de los depreciados salarios de trabajadores y trabajadoras del INTA.
