La cárcel mas sobrepoblada de todo el territorio bonaerense está a poco más  de una hora de distancia de la ciudad de Chivilcoy.

Se trata de la Alcaidía de Junín, sobre la ruta 188.

Asi lo revela un informe del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi.

La fuerte sobrepoblación en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, es una situación que organismos estatales y no-gubernamentales, como la Defensoría de Casación a cargo del doctor Mario Coriolano, el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, llaman crisis humanitaria.

La Alcaidía de Junín es una unidad fundada en 2009, de régimen cerrado, con educación primaria y secundaria.

Un cartel indica capacidad para 424 plazas.

Según información recibida por el Juzgado Nº 2 había 958 detenidos el 27 de junio de este año.

Se trata de una sobrepoblación del 135,38 por ciento. La mayor en todo el territorio bonaerense.

Cuáles son los motivos de semejante crisis ?

Voceros del gobierno dicen por lo bajo: "Si no hay plata para universidades, hospitales y escuelas, imaginate para los presos. Sos el vagón de cola. En la provincia de Buenos Aires se encarcela a cualquiera, tanto como se larga a cualquiera. La sobrepoblación conspira contra todo lo que puedas hacer, pero que el Poder Judicial no da una mano está muy claro".

De acuerdo al informe del Juzgado Correccional Nº2.  que fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, hasta marzo pasado, el sistema entero del Servicio Penitenciario Bonaerense tenía una capacidad para 28 mil personas con más de 40 mil detenidos.

Las inspecciones del personal del Juzgado Nº2 mostraron las consecuencias del hacinamiento. Donde antes dormía uno, ahora deben dormir dos: colchones compartidos por internos, camastros precarios, mantas en el suelo.

El informe para 2017 del Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensoría de Casación provincial habla de una realidad un poco más cruda: 163 presuntos hechos de violencia denunciados por presos sufridos a manos de penitenciarios, entre ellos 119 casos de golpizas, tres casos de abuso sexual, torturas por quemaduras y asfixias, 45 reportes de aislamiento impuesto. Las cifras son un descenso notable de cara a los números de la Defensoría para 2016 donde hubo por ejemplo, 226 acusaciones de violencia física con puñetazos y patadas en el SPB.

El sistema educativo carcelario tampoco da abasto: el informe del juez Eskenazi habla de una lista de espera de 2200 presos para estudiar en la escuela primaria y más de 1800 para la secundaria.

Sin embargo, el SPB no dispone encarcelamientos ni liberaciones, con una partida presupuestaria desde la Gobernación para cada detenido calculada por fuentes oficiales en 33.300 pesos por mes a principio de este año, "ahora un poquito más", dice un funcionario. El problema, coinciden fuentes tanto penitenciarias como gubernamentales y de organismos de derechos humanos, está en el Poder Judicial.

La semana anterior el Ministerio de Seguridad anunció más de 6300 nuevos aprehendidos y detenidos en 15 días tras operativos de saturación en toda la provincia.